Todos los sectores, incluidos los sindicatos de trabajadores de planta de la empresa estatal, han salido a la luz pública rechazando la movilización, amenazando y atacando directamente a los trabajadores. El gobierno, por su parte, ha decidido hacerse parte de una querella criminal que busca en la práctica encarcelar a las caras visibles del movimiento. La crítica se ha centrado en que la forma violenta de protestar no es la correcta y no lleva a una solución, acusando a los trabajadores de ser manipulados por el partido comunista.
En lo personal, llevamos varios meses realizando una investigación sociológica con los trabajadores subcontratados de El Teniente, llevando a cabo una serie de entrevistas en profundidad, observaciones participantes y otras técnicas de observación que hemos puesto en práctica, permitiéndonos acercarnos a la realidad que estos trabajadores viven a diario en su lugar de trabajo, con su familia y amigos, así como la forma en que ven la vida sindical, tanto los individuos activos en esta materia, como los que no lo son.
De esta manera, desde nuestra posición de observadores, pudimos predecir claramente que las posibilidades de que el movimiento huelguístico tuviera un carácter de alta agresividad eran muchas, pero no por la supuesta manipulación de las cúpulas de los partidos políticos de la izquierda extra-parlamentaria chilena, sino más bien por las condiciones objetivas y subjetivas que el proceso mismo de subcontratación genera en los trabajadores, así como por las características sociales a través de las cuales se ha desarrollado el proceso, lo que nos lleva a conceptualizar la subcontratación como una forma radical de explotación. Nada más, pero tampoco nada menos.
Así, tenemos que considerar que la radicalidad de las formas de manifestación no pasa por una decisión de dirigentes con intereses particulares, a lo menos por dos motivos. En primer lugar, en el seno de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la organización nacional que aglutina al grueso de los trabajadores contratistas de CODELCO, convergen las más variadas posiciones político-partidistas, desde democratacristianos hasta militantes trotskistas, pasando por todas las posiciones intermedias a ellas. En segundo lugar, y más importante aún, está el hecho que nadie puede pensar que los trabajadores son unos robots que actúan siguiendo órdenes de sus dirigentes. La situación de vida que ellos tienen los ha llevado a considerar su situación como un abuso, ya que las diferencias de salarios, beneficios y estabilidad laboral con los trabajadores de la empresa estatal son abismantes, lo que se traduce en una sensación de discriminación y menoscabo, desarrollando una visión altamente negativa del proceso de subcontratación, el que es visto como un arreglo que permite a un intermediario apropiarse injusta e innecesariamente del plusvalor que genera su trabajo, mientras que la empresa principal, o mandante, reduce costos externalizando a los trabajadores que generan gran parte de la producción que la sustenta.
Sumado a esto, la sensación de encontrarse en un punto de quiebre a raíz de la puesta en marcha de la Ley de Subcontratación, viene a constituirse en un elemento central en la visión de los trabajadores, ya que sienten que si no son integrados a la planta ahora, luego de que la Inspección del Trabajo haga su fiscalización, CODELCO buscará dilatar la situación hasta que los contratos con las empresas contratistas expiren, para en el siguiente periodo contratar trabajadores propios, pero que estén fuera del mundo sindical, que ha significado la piedra más molesta en el zapato de esta mega empresa.
En síntesis, los trabajadores se sienten arrojados a una situación límite, que conjuga una experiencia de trabajo basada en la discriminación y en la injusticia, más un momento decisivo para su futuro laboral, ya que la ley que busca regularizar y mejorar su situación puede convertirse en un salto cualitativo en su calidad de vida, o por el contrario, en una cesantía permanente en relación a esta minera.
Entonces, nuestro llamado apunta a que la opinión pública trate de entender la situación social y personal de estos trabajadores y no caiga en el fácil juego de criminalizar en base a supuestos falsos, la actuación de un grupo que se moviliza por una causa que es esencialmente justa.
Luis Aguilera Donnay
Cristóbal Villalobos Dintrans
Sociólogos, Pontificia Universidad Católica de Chile
